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España logra excluir los peajes de los compromisos pactados con Bruselas

El futuro Gobierno se compromete a impulsar el transporte de mercancías por tren

El futuro Gobierno no estará finalmente obligado a implantar un sistema de peajes en las carreteras dependientes del Estado a cambio de seguir percibiendo en tiempo y forma los fondos de recuperación europeos. Ni en el 2024, como estaba previsto, ni en los años siguientes.

El Ejecutivo solicitó este verano a la Comisión Europea renegociar, en el marco de la Adenda al Plan de Recuperación, uno de los puntos más complejos y ha logrado su objetivo. Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario,  Bruselas ha aceptado la propuesta de excluir de entre los compromisos la puesta en marcha del pago por usar autovías y autopistas.

El acuerdo contempla sustituir los peajes por soluciones para reducir las emisiones de CO2

El acuerdo entre España y Bruselas contempla la sustitución de los peajes por otras soluciones para intentar reducir las emisiones contaminantes del transporte por carretera. En concreto, los negociadores españoles y comunitarios han acordado incluir en la futura ley de Movilidad Sostenible, una normativa que quedó varada en las Cortes Generales por la convocatoria anticipada de elecciones generales y que volverá a ser tramitada en esta legislatura, una serie de medidas para fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril.

Los cambios pactados ya están negro sobre blanco. De esta forma, ambas partes acuerdan suprimir del hito 3 la obligación de “establecer un sistema de financiación para la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras públicas y que internalice los costes medioambientales”.

A cambio, la futura ley de Movilidad Sostenible contemplará tres novedades: en primer lugar, “la obligación de implantar un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias en aquellos corredores en los que resulte viable y exista un interés empresarial para su desarrollo”. Es decir, España se compromete a impulsar diferentes corredores por tren para intentar canalizar un mayor transporte de mercancías.

En segundo lugar, el próximo Gobierno tendrá que asumir el compromiso de aprobar una “bonificación de los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías durante un periodo mínimo de cinco años”. Por último, España desarrollará “un programa de apoyo al transporte ferroviario de mercancías”, con medidas de incentivo al cambio modal desde la carretera y con un plan de modernización del sector.

Los compromisos

La ley de Movilidad Sostenible impulsará autopistas ferroviarias y bonificará el canon

En el acuerdo alcanzado con la Comisión también se incluye modificar la “reforma C1R2” del Plan de Recuperación. Se elimina así la obligación de crear “un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga”. Esta mención queda en papel mojado y en su lugar se incluyen las tres novedades descritas anteriormente para impulsar el transporte ferroviario.

La Comisión Europea ya ha comunicado a España que acepta estos cambios; modificaciones que  serán oficiales cuando se cierre toda la negociación de la Adenda.

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Con el cierre de la renegociación de los peajes, cuestión que han pilotado el Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Transportes, España da carpetazo a uno de los compromisos que más tensión había generado. El director general de Tráfico, Pere Navarro, encendió la polémica en plena campaña electoral de las generales del 23 de julio al afirmar en una entrevista que “lo que sí que les puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes, nos lo exige”. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tuvo que desmentir a su compañero de partido y el propio Navarro pidió más tarde disculpas por la “confusión” generada.

Bruselas se pronunció esos días a través de su portavoz económica, Veerle Nuyts, quien se limitó a afirmar que “el Plan de Recuperación español, tal como fue propuesto por España y aprobado por la Comisión Europea, incluye el compromiso de adoptar una ley de movilidad sostenible y financiación de transporte para diciembre del 2023”. “Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de ‘quien contamina, paga’”, añadió.

Tras intensas negociaciones durante todo el verano, España ha conseguido su objetivo de mantener el modelo actual, en el que el mantenimiento de las carreteras se sufraga con cargo a presupuestos, a cambio de explorar la descarbonización a través del tren.

El Estado mantiene más de 1.400 kilómetros de pago

La Red de Carreteras del Estado aún mantiene 1.435 kilómetros de peaje, lo que supone menos del 10% del total de vías de alta capacidad existentes en España. Ninguna de estas autopistas estatales de pago se encuentran ya en Catalunya, que sí cuenta, sin embargo, con cuatro tramos de peaje dependientes de la Generalitat. Se trata de la C-16 en el túnel del Cadí, el de Vallvidrera, el trayecto entre Sant Cugat del Vallès y Terrassa, y la C-32 entre Castelldefels y El Vendrell. En las vías que dependen del Estado, los principales ejes de pago son la AP-7 entre Málaga y Guadiaro, la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, la AP-9 en Galicia, la AP-66 y la AP-71, en León, y las radiales de acceso a Madrid (R-2, R-3, R-4, R-5 ,AP-41, M-12 y AP-36), así como la AP-6, AP-51 y AP-61 entre las provincias de Madrid, Segovia y Ávila. Durante los últimos años, el actual Gobierno ha ido liberalizando más de 1.000 kilómetros de peajes y ha bonificado diferentes tramos de vías rápidas, medida que supone un desembolso de 65 millones al año. Transportes calcula que con sus decisiones los conductores ahorran un total de 1.400 millones al año.

 

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